El
pasado 28 de septiembre, un grupo de mujeres y hombres se dieron cita en el
Bulevar Panteón de Caracas para brindar información y conversa con la gente sobre
el derecho a decidir de las mujeres y el uso de los métodos
anticonceptivos.
Si ahondamos un poco más en el tema,
encontramos que en al menos siete países de América Latina y el Caribe (Chile,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el
aborto está totalmente prohibido y penalizado. Sin embargo, en la mayoría de los otros países de la
región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas
circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura,
gratuita y libre de estigma. Casos puntuales: Colombia y Venezuela. El ejemplo
que puede brindarnos luces que este paso es posible es en la hermana Cuba,
dónde el sistema de salud brinda posibilidades seguras para que la mujer
interrumpa un embarazo no deseado, en el primer tiempo de gestación sin que eso
afecte su salud y que no sea señalada por su decisión además de contar con
ayuda emocional.
La preocupación de colectivos sociales,
grupos feministas y organizaciones sociales en pro de los derechos de la mujer
alzan sus voces una vez más para acabar con los tabúes de una sociedad regida
con la iglesia cristiana y católica, muchas veces doble moral que califica de “pecado”
todo lo concerniente a la vida sexual de los hombres y mujeres, pero sobre todo
de las mujeres. Señalándolas, juzgándolas y orillándolas a una vida desdichada
por el sólo hecho de ser mujeres que deber permanecer sumisas y subordinadas.
No es para nadie un secreto que
Venezuela ocupa los primeros lugares de cifras de embarazos a temprana edad
(antes de los 18 años), en ello influyen múltiples factores: la familia, la
educación escolar, los valores, la industria cultural, las políticas del Estado
y la propia iglesia. Sin embargo, no es coherente que se siga negando la
posibilidad de brindar alternativas que sean más saludables como una mejor
educación con temas sexuales y reproductivos con la orientación adecuada, y la
prepación para que el Estado avanzase en materia legal en cuanto a la
despenalización del aborto, y ante todo reafirmar y proteger el carácter laico
y plural de la democracia evitando injerencias indebidas de sectores religiosos
que afecten el desarrollo de reformas legales y/o la puesta en marcha de
políticas públicas tendientes a mejorar la salud las mujeres y el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Ya sea por la prohibición o por la falta
de garantía de servicios adecuados, muchas mujeres se ven obligadas a recurrir
a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su
salud y sus vidas. Una de cada dos mujeres en América Latina aborta, sin
medidas adecuadas. El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el
Caribe son inseguros y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurren como
consecuencia de éstos. Así miso, un millón de mujeres y niñas son
hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen
como producto de aborto inseguro.
¡La lucha continúa por los
derechos sexuales y reproductivos por una sexualidad responsable!
Abramos el debate y
sinceremos los espacios para brindar ayuda temprana a nuestras mujeres y
hombres, porque también los hombres son parte de este tema.
Fuente: Colectivo Cimarrón
@cimarronv
28.09.13
@cimarronv
28.09.13